La Dirección Nacional de Control de Drogas informó este jueves 28 de mayo de 2026 que el dominicano Audry Rodríguez Paredes fue entregado en el Aeropuerto Internacional de Las Américas a oficiales estadounidenses para responder cargos federales en Puerto Rico. La entrega se hizo con apoyo de la Procuraduría General de la República y del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.
El caso tiene interés para lectores en República Dominicana y para la comunidad dominicana en Puerto Rico porque muestra cómo se ejecutan los pedidos de cooperación judicial entre ambos territorios. No se trata de una condena local nueva, sino de una entrega para que el ciudadano responda ante un tribunal federal por las acusaciones pendientes.
El dato confirmado por la DNCD
La DNCD identificó al entregado como Audry Rodríguez Paredes, también conocido como “Aguja” o “El Barbú”. La institución indicó que enfrenta cargos por asociación delictuosa para distribuir cocaína, tentativa de importación de drogas y otras acusaciones ante el Distrito de Puerto Rico.
El comunicado oficial precisa que la extradición fue materializada por el AILA, donde Rodríguez Paredes quedó bajo custodia de oficiales estadounidenses. Diario Libre también reseñó el caso este jueves, citando la participación de la DNCD, la Procuraduría y los U.S. Marshals en el traslado.
El lenguaje importa en este tipo de procesos. Una persona entregada en extradición mantiene derechos y debe responder ante el tribunal correspondiente. Por eso la nota se concentra en el procedimiento, las instituciones participantes y el dato confirmado, sin presentar como sentencia lo que todavía forma parte de un expediente judicial.
Arresto previo en La Romana
Según la DNCD, Rodríguez Paredes había sido arrestado en enero de 2026 durante un operativo en la calle Benito Monción, sector Río Salado, provincia La Romana. La captura se produjo luego de una orden de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia.
La entrega fue autorizada mediante el decreto 311-26. Ese paso formal es relevante porque las extradiciones no se ejecutan como simples traslados policiales: requieren revisión judicial, decisión del Poder Ejecutivo y coordinación con las autoridades del país o territorio que reclama a la persona.
Para familias dominicanas con parientes fuera del país, estos procesos suelen generar dudas sobre documentos, jurisdicciones y derechos. En temas de movilidad y trámites internacionales, esta guía interna sobre migración ordenada y señales de alerta antes de viajar puede servir como contexto general.
Cooperación judicial con Puerto Rico
Puerto Rico es una jurisdicción federal estadounidense y mantiene una relación constante con República Dominicana en asuntos de seguridad, migración y justicia. El flujo de viajeros, familiares y negocios entre ambas islas hace que casos como este despierten atención más allá del expediente.
La DNCD sostuvo que el arresto y la posterior entrega forman parte del fortalecimiento de la cooperación de República Dominicana con Estados Unidos para localizar fugitivos internacionales vinculados a delitos transnacionales. Ese tipo de coordinación suele involucrar intercambio de información, custodia temporal, traslado por aeropuerto y recepción por autoridades federales.
También conviene separar el interés público del morbo. El dato relevante para la ciudadanía es que las autoridades dominicanas confirmaron la entrega, identificaron el decreto utilizado y explicaron el destino judicial del caso. Cualquier discusión sobre culpabilidad corresponde al tribunal que conocerá las acusaciones.
Qué debe observarse ahora
El siguiente paso será el proceso ante la justicia federal en Puerto Rico. Allí deberán presentarse las pruebas, las defensas y las decisiones que correspondan bajo las reglas de ese sistema. Para el público dominicano, lo más responsable es seguir el caso por información oficial y evitar cadenas sin documentos.
La cooperación internacional contra estructuras criminales no elimina la necesidad de transparencia. Cada extradición debe quedar documentada, con nombres correctos, decreto aplicable y autoridades participantes. En este caso, la DNCD ofreció esos datos y confirmó que la entrega ya fue realizada.