El Estado dominicano reclama más de RD$82 mil millones como indemnización dentro del caso Calamar, según una decisión judicial publicada este martes 2 de junio de 2026. El dato aparece después de que el expediente pasara hacia juicio de fondo para varios imputados, entre ellos el exministro de Hacienda Donald Guerrero.
La cifra no es una condena ni un pago ordenado de inmediato. Es la pretensión civil que el Estado busca sostener en el proceso, dividida entre daños materiales y perjuicio moral. En una cobertura responsable, ese punto es clave: el tribunal todavía debe conocer el fondo, las partes mantienen sus derechos de defensa y las responsabilidades se deciden en las etapas correspondientes.
Qué decidió la jueza sobre la reclamación del Estado
Diario Libre informó que la jueza Altagracia Ramírez rechazó excluir la querella presentada por abogados del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público en representación del Estado dominicano. Esa decisión permite que el reclamo civil continúe dentro del proceso, aunque con límites respecto a determinadas representaciones institucionales.
El monto total supera los RD$82 mil millones. La información publicada detalla que una parte corresponde a daños materiales y otra a perjuicio moral. En términos simples, el Estado está diciendo ante el tribunal que, si se prueban los hechos imputados, debe haber una reparación económica por el perjuicio atribuido al erario.
También se declaró inadmisible la querella de Corrupción al Desnudo, de acuerdo con la misma publicación. Esa parte procesal muestra que el tribunal no aceptó todas las intervenciones, sino que fue delimitando quiénes pueden actuar y bajo qué condiciones dentro del caso.
Por qué este dato actualiza el expediente
El caso Calamar ya había tenido una noticia fuerte cuando se conoció la apertura a juicio de fondo para Donald Guerrero y otros acusados, mientras Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta quedaron fuera de esa parte del proceso por decisión judicial. Noticias SIN también reportó el 30 de mayo de 2026 la apertura a juicio contra Guerrero y otros imputados.
La novedad de este 2 de junio no repite esa información. La actualiza desde el ángulo económico: cuánto reclama el Estado y qué puerta procesal quedó abierta para intentar sostener esa indemnización. Esa diferencia importa porque un expediente de esta dimensión no se mide solo por nombres políticos, sino por dinero público, prueba judicial, garantías y eventual reparación.
Para quienes siguen la política dominicana, el caso mantiene impacto porque mezcla exfuncionarios, acusaciones de manejo irregular de fondos y una discusión sobre cómo recupera el Estado recursos cuando entiende que fue afectado. Este sitio ya había explicado el giro anterior en una nota sobre el caso Calamar y el envío a juicio de Donald Guerrero.
Lo que falta por probar
La etapa de fondo es donde se examinan pruebas, testimonios, documentos y argumentos de las partes. Por eso la redacción debe evitar presentar como hecho cerrado lo que aún está bajo discusión judicial. El Ministerio Público, la defensa, los actores civiles y el tribunal tienen roles distintos, y cada paso debe respetar el debido proceso.
También falta ver cómo avanzará la apelación anunciada sobre decisiones que dejaron fuera a algunos exfuncionarios. Si esa parte se mueve, el expediente puede tener nuevos capítulos procesales. Mientras tanto, la cifra de RD$82 mil millones se convierte en una de las señales más fuertes del tamaño económico que el Estado atribuye al caso.
La gente no necesita ruido ni consignas para entender esta noticia. Necesita saber qué se reclama, qué decidió el tribunal, qué significa procesalmente y qué no se puede afirmar todavía. Esa es la línea que debe mantenerse en un caso político y judicial de alto interés público.