**SANTO DOMINGO.** – El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declaró culpables a los principales acusados en el proceso judicial unificado de las operaciones Coral y Coral 5G, imponiendo penas de hasta 20 años de reclusión mayor por su participación en un entramado de corrupción administrativa y lavado de activos que sustrajo más de 4,500 millones de pesos de las instituciones de seguridad del Estado.
Las juezas Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo dictaron la pena máxima de 20 años de prisión para el mayor general Adán Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP); el general de la Fuerza Aérea, Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR); y el coronel policial Rafael Núñez de Aza. Los tres fueron hallados culpables de asociación de malhechores, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y se les impuso además una multa equivalente a 400 salarios mínimos del sector público.
Asimismo, el tribunal condenó al general de la Fuerza Aérea, Julio Camilo de los Santos Viola, a una pena de 15 años de prisión y al pago de 400 salarios mínimos tras ser vinculado a la estructura financiera de la red. Por su parte, la imputada Lucía de los Santos Viola recibió una condena de 5 años de cárcel y una multa de 100 salarios mínimos por el delito de lavado de activos.
La pastora Rosy Guzmán fue condenada a 15 años de cárcel y en lo relativo al mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, considerado el principal testigo de la acusación debido a su colaboración activa con el Ministerio Público, el tribunal le impuso una condena de 5 años de reclusión. No obstante, se computó como pena cumplida conforme a su situación procesal y los acuerdos establecidos durante la investigación.
La sentencia del tribunal civil también ordenó el decomiso de múltiples bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y cuentas bancarias adquiridas de forma ilícita, determinando que los condenados deberán restituir un monto superior a los 5,000 millones de pesos al Estado dominicano en concepto de indemnización por los perjuicios económicos ocasionados.
El fallo de primera instancia se produce tras un juicio de fondo que se extendió por casi dos años, durante el cual se evaluaron pruebas documentales, testimoniales y peritajes financieros presentados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). Los representantes legales de las defensas informaron que evaluarán el contenido íntegro de la sentencia una vez sea notificada para proceder con los recursos de apelación correspondientes.